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PDI materializó 41 expulsiones judiciales de ciudadanos Bolivianos.

En coordinación con la Intendencia de Tarapacá y el Ministerio del Interior, el Departamento de Extranjería y Policía Internacional Iquique, dio cumplimiento hoy a la expulsión de 41 ciudadanos bolivianos.

De ellos, 15 hombres, recluidos en el penal de Pozo Almonte, 5 hombres en el penal de Alto Hospicio y 21 mujeres, en el penal de Iquique; 40 de ellos por infringir la ley 20.000, la cual sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y un expulsado por el delito de Abuso Sexual hoy a la expulsión de 41 ciudadanos bolivianos.

En el marco de la política migratoria que lleva adelante el gobierno, el intendente Miguel Ángel Quezada destacó que “seguimos con un mandato del presidente Sebastian Piñera expulsado aquella migración que no viene aportar a nuestra región. Estamos cumpliendo con un compromiso con la ciudadanía de Tarapaca, seguimos siendo la región con más expulsados del país y en eso vamos a seguir trabajando en conjunto con la PDI y todos los estamentos judiciales”.

Por otro lado, la Senadora Luz Ebensperger Orrego señalo “Nosotros en la comisión de gobierno, en la que yo pertenezco, estamos viendo la nueva ley migratoria, ya fue aprobado en general ahora está la discusión en particular, señalar que además este proyecto de ley, ya fue aprobado por la cámara de diputados. Esperamos que en el senado sea el último trámite y se está trabajando para de aquí a fin de año, tener una nueva Ley Migratoria”.

En tanto, el Jefe subrogante de la Región Policial de Tarapacá, Prefecto Marcelo Méndez Pino, explicó que “Esta es una nueva etapa de expulsados de nuestro territorio nacional, la PDI dio hoy cumplimiento a 41 expulsiones judiciales, la mayoría por infracción a la Ley 20.000, con apoyo del personal de extranjería para finalizar este proceso”.

Finalmente, estos extranjeros, se acogieron a un beneficio que les otorga el Estado chileno, amparado en la ley 20.603, artículo 34, la cual se basa en una pena substitutiva que señala que toda persona extranjera que tenga una condena inferior a cinco años, se puede acoger al beneficio de computar su pena y acogerse a la expulsión del territorio nacional. Esto coordinado por los Tribunales de Garantía de las regiones correspondientes.

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