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Condenan a banda criminal por tráfico de armas de fuego prohibidas.

El líder del grupo operaba desde el centro de cumplimiento penitenciario de Alto Hospicio, donde se encontraba recluído por otra causa.

A penas efectivas de 6 y 5 años y un día de presidio fueron condenados cinco miembros de una banda criminal por su participación en el tráfico de armas de fuego, específicamente, una subametralladora de fabricación artesanal.

Con la prueba presentada en el juicio oral por la fiscal (s) Alejandra Gálvez, se dio por acreditado que en el marco de una investigación relacionada con tráfico de drogas, dirigida por la Fiscalía Regional de Tarapacá y desarrollada por personal de la Policía de Investigaciones, se obtuvo información residual relativa a que el acusado Juan Aróstica Vargas, que cumplía una condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Alto Hospicio, se dedicaba desde el interior del penal a la coordinación de actividades ligadas al delito de tráfico ilícito de estupefacientes y a la infracción de la ley de control de armas, contando en el exterior con el apoyo de su cónyuge Carol Reyes Hernández y de su hijo Juan Carlos Aróstica Reyes.

Así, los días 16 y 17 de mayo del año pasado, se captaron comunicados telefónicos desde el móvil intervenido a Juan Aróstica Vargas en donde negociaba con el acusado Esteban Villegas Rodríguez la venta de un arma consistente en una mini uzi, para lo cual Villegas -que tenía domicilio en Vallenar-, le depositó doscientos mil pesos como abono.

Días después se escuchó un comunicado entre Carol Reyes y su cónyuge, en el que este último informaba la llegada de Villegas Rodríguez a Iquique, al que debían trasladar hasta su domicilio para mostrarle el armamento y luego llevarlo hasta una residencial, debiendo aquél pagar el saldo del precio de la venta, ascendiente a $800.000; transacción que se concretó y fue observada por funcionarios policiales. En toda la transacción, Villegas Rodríguez fue acompañado por el acusado Hernán Reyes Rivera, quien se devolvió ese mismo día en bus a Vallenar, siendo fiscalizado y encontrándole adosada a su espalda con cinta adhesiva, una subametralladora de fabricación artesanal con dos cargadores, siete municiones de 9 milímetros y un silenciador, procediendo a su detención.

Posteriormente se detuvo a los otros acusados, encontrando en el domicilio de Carol Reyes y Juan Carlos Aróstica la suma de $1.120.000, en dinero en efectivo, proveniente de la venta de la ametralladora.

En el juicio, la fiscalía presentó los testimonios de los funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de la PDI que trabajaron el caso y estuvieron a cargo de las escuchas telefónicas, y del perito balístico que concluyó que el arma y los cartuchos eran aptos para el proceso de disparo y compatibles entre sí.

Terminado el juicio, el tribunal oral en lo penal de Iquique resolvió condenar a 6 años de presidio a Juan Aróstica Vargas y Esteban Villegas Rodríguez, y a 5 años y un día de presidio a Hernán Reyes Rivera, Carol Reyes Hernández y Juan Carlos Aróstica Reyes, todos como autores del delito de tráfico ilícito de arma de fuego prohibida.

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