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Columna de opinión Seremi de Justicia y Derechos Humanos “Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos”

El acceso a la justicia es un derecho fundamental que exige a los Estados garantizar que todos los ciudadanos que así lo requieran puedan recurrir al sistema de justicia y obtener una respuesta efectiva a una necesidad legal, normalmente asociada a la resolución de un conflicto o disputa de relevancia jurídica, pero también a la satisfacción de un trámite como la obtención de un certificado de matrimonio o la inscripción de un nacimiento.

Hace pocos días y cumpliendo con el compromiso establecido en la Agenda Social del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se dio a conocer el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, proyecto al que se le asignó suma urgencia. Este proyecto se trabajó con el apoyo del programa Eurosocial de la Unión Europea y constituye la modernización más importante de los últimos 50 años en materia de acceso a la justicia. 

Cabe destacar que en el año 2015 el Ministerio de Justicia y DD.HH. realizó un estudio que estableció que el 44.5% de los chilenos tuvieron necesidades jurídicas en dicho año; es decir 4 de cada 10 personas requirieron servicios de justicia. 

Actualmente la asistencia jurídica gratuita que presta el Estado está repartida en diferentes órganos y con distintos énfasis; por una parte, tenemos a la Defensoría Penal Pública, que está destinada a defender a los imputados de delitos y opera como contraparte del Ministerio Público, por otro lado, en materia civil, laboral y familia son las Corporaciones de Asistencia Judicial (en Tarapacá CAJTA), las que brindan asesoría y representación a las personas más vulnerables.

 Como dato relevante, en el año 2019 las Corporaciones de Asistencia Judicial atendieron y orientaron a 650.496 personas y otorgaron representación judicial ante los Tribunales a 177.609 persona;  sin embargo, durante ese mismo año la atención en materia penal alcanzó a 3.355 personas y  a solo 1.917 acciones penales presentadas, no existiendo por tanto una institución especializada en lo penal  que  defienda los derechos de los afectados ante los Tribunales de Justicia, hecho no menor si consideramos  que las víctimas de delitos llegan a sumar 95.000 al año. 

Es por esta razón que la propuesta legislativa del Gobierno va dirigida a la creación del “Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos”, que articulará centralizadamente toda esta oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía, incluyendo a las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial del país, a  los programas especializados de Mi Abogado para NNA y de Defensa Integral del Adulto Mayor, así como también al programa de Apoyo de Víctima del Ministerio  del Interior, estableciéndose de esta forma  una política nacional de acceso a la justicia que  entregue  una atención jurídica estandarizada, profesional y universal a las personas naturales en todas las materias y también representación judicial y apoyo a las víctimas de delitos, pero con especial énfasis para los delitos contra la vida e integridad física y psíquica y contra la libertad y la integridad sexual,  y  que se dirija  especialmente a  las personas más vulnerables.

Asimismo, el proyecto busca crear “El Consejo Nacional de Acceso a la Justicia”, que estará integrado por representantes del mundo académico y la sociedad civil, y cuya función primordial será la de establecer un plan nacional de acceso a la justicia con lineamientos y acciones concretas, y la de asesorar al Presidente de la República en la definición de objetivos estratégicos y evaluación de los resultados a nivel nacional y regional en materia de acceso a la justicia. 

Con esta iniciativa se busca contribuir a la defensa de las víctimas de delitos y de corregir una situación de desequilibrio que puede producirse entre la víctima y el victimario en el sistema judicial; cumpliendo así, la obligación que tiene el Estado de proporcionar y garantizar la seguridad que toda persona merece.    

Fernando Canales H.

Seremi de Justicia y DD. HH. Tarapacá.


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