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Tribunal condenó a principales acusados por estafas reiteradas en comités de vivienda

La fiscalía de Alto Hospicio está solicitando la pena de 15 años de presidio para los condenados Neysmy Toledo y su cónyuge Gilberto Arredondo.

Tras 20 días de juicio oral y la presentación de más de 30 víctimas, el tribunal oral en lo penal de Iquique resolvió por unanimidad condenar por estafas reiteradas a los acusados Neysmy Toledo Riveros y su cónyuge Gilberto Arredondo Zamora, quienes fueron acusados por la Fiscalía de Alto Hospicio por los hechos ocurridos entre los años 2014 y 2016, cuando engañaron a numerosas familias de Alto Hospicio inscritas en distintos comités de vivienda, pidiéndoles dinero con la promesa de que obtendrían una casa.

La fiscal jefe de Alto Hospicio, a cargo del caso, valoró la sentencia, ya que el tribunal dio por acreditado los cuatro hechos por los cuales acusó la Fiscalía. “Para cada uno de los acusados estamos solicitando una pena de 15 años de presidio en atención a que se trata de estafas reiteradas y a la extensión del mal causado, considerando las múltiples víctimas de estos hechos, la mayoría de ellas con gran vulnerabilidad económica y que incluso, algunas siguen viviendo en campamentos”, afirmó la persecutora.

El tribunal dio por acreditadas las estafas realizadas por los acusados en relación con los comités de vivienda “Alto Miramar” y “Un Hogar Digno”, con la Agrupación de Pequeños y Medianos Empresarios “Lo Alto Hospicio”, y con una familia de comerciantes.

En todos estos casos, los acusados habrían realizado una serie de acciones para hacer creer a las víctimas que eran dueños de terrenos en El Boro y en Santa Rosa donde construirían viviendas, y que las personas debían entregarles dinero para obtener una casa, ya sea cancelando cuotas de inscripción, por estacionamientos y urbanización, entre otros cobros.

En el veredicto, el tribunal dio por acreditado que los acusados aparentaron la existencia de bienes, capacidad, gestión, organización e infraestructura necesaria para la ejecución de viviendas sociales, atribuyéndose la propiedad de terrenos o la existencia de negocios capaces de generar utilidades, a fin de que los afectados les entregaran dinero con el objeto de obtener la casa propia o participar del negocio. En definitiva, las víctimas habrían tenido un perjuicio total superior a los 26 millones de pesos.

La acusada Natalia Gutiérrez Carrillo, quien se desempeñaba como secretaria de los acusados, fue absuelta por el tribunal por estimar que no se pudo acreditar en el juicio que tuviera el ánimo de engañar a las víctimas para conseguir dinero de ellas.

La lectura de sentencia se realizará el jueves 13 de mayo, a las 12:50 horas.


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