En un movimiento que pocos se atreverían a intentar, México ha aprobado un plan que promete cambiar radicalmente su sistema judicial. Con una reforma constitucional y nuevas iniciativas que pretenden involucrar a la ciudadanía en la selección de jueces, el país está avanzando hacia donde nadie había llegado antes. Esta osada apuesta ha generado expectativas, pero también ha encendido las alarmas sobre los altos riesgos que puede conllevar.
Una reestructuración completa del poder judicial
Como parte de esta ambiciosa reforma, México ha dado luz verde a una enmienda constitucional que reorganiza completamente su poder judicial. Esta decisión histórica no solo modifica la estructura existente, sino que introduce nuevos mecanismos para garantizar que la transparencia y la accountability sean pilares dentro del sistema.
Elección directa de los jueces: ¿una solución o un riesgo?
Por primera vez, el pueblo mexicano tendrá el poder de elegir a casi todos sus jueces, una medida que busca reducir la influencia política y promover una justicia más democrática. Sin embargo, esta medida también ha generado dudas sobre su viabilidad y los posibles riesgos de politización y falta de capacidad técnica.
La Agencia Federal Anticorrupción y el derecho a un ambiente libre de corrupción
Bajo la dirección de Claudia Sheinbaum, la propuesta incluye la creación de una Agencia Federal Anticorrupción. Esta entidad no solo tendrá el mandato de perseguir casos de corrupción, sino que también busca consagrar en la Carta Magna el derecho humano a un ambiente libre de corrupción. Este enfoque holístico intenta abordar tanto la corrupción activa como la pasiva en todos los sectores.
Una acción mundial contra la corrupción
México no está solo en esta lucha. Esta decisión se alinea con la Acción Mundial contra la Corrupción, un movimiento global que busca asegurar que la corrupción en todos los sectores sea considerada un delito penal. Este compromiso internacional refuerza la legitimidad y el alcance de las reformas mexicanas.
REGRESO AL CACIQUISMO | Reformas de #AMLO regresan a #México al caciquismo político de siglos pasados, alerta el Consejo Nacional de Laicos. “La disolución del actual Poder Judicial de la Federación tiene como objetivo y finalidad política otorgar, de manera garantizada,… pic.twitter.com/gBMJtp7Lpt
— DirectordeMegamedia (@DirMegamedia) September 18, 2024
Nuevos enfoques para la prevención y la sanción
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) coordina la acción de actores sociales y autoridades para prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Además, se ha presentado un Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción (MOGERIC), cuya prueba piloto ha mostrado resultados prometedores, brindando un marco para identificar y mitigar riesgos de forma proactiva.
El desafío de la implementación
A pesar de las expectativas y los buenos augurios, la implementación de este plan está llena de desafíos. Los críticos argumentan que la elección directa de jueces podría introducir otros problemas, como la politización del sistema judicial y la falta de competencia técnica entre los candidatos electos. No obstante, la propuesta de México se erige como un intento valiente de erradicar uno de los problemas más arraigados del país.
Mientras México se embarca en este camino sin precedentes, solo el tiempo dirá si este ambicioso plan logrará su objetivo de crear un sistema judicial más justo y transparente. Lo que es indudable es que esta apuesta valiente será observada con gran interés tanto dentro como fuera del país.
